Cumplimiento · 6 min de lectura
La Ley Marco de Ciberseguridad de Chile (Ley 21.663) dejó de ser una discusión legislativa hace tiempo. Sus artículos centrales — el 5, el 8, el 9 y el Título VII — están vigentes desde el 1 de marzo de 2025, y la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) ya fiscaliza activamente.
Si su empresa califica como Operador de Importancia Vital (OIV) y sufre un incidente con efectos significativos, la ley exige una alerta temprana al CSIRT Nacional dentro de 3 horas, un reporte completo dentro de 72 horas, y un reporte final una vez contenido el incidente. Las multas por incumplimiento pueden llegar a 40.000 UTM.
La ANCI ha ido calificando progresivamente a los Operadores de Importancia Vital durante 2025, y el proceso continúa durante 2026. No existe un período de gracia general para quienes ya están dentro del alcance de la norma — la pregunta relevante ya no es cuándo hay que cumplir, sino cómo se demuestra el cumplimiento hoy.
La Ley 21.719 de Protección de Datos Personales entra en vigencia en diciembre de 2026, y en la práctica corporativa se superpone con la 21.663: control de accesos, gestión de vulnerabilidades y cifrado son medidas que sirven para ambas normativas a la vez. Prepararse para una adelanta buena parte del camino para la otra.
Antes de contratar nada, conviene responder una pregunta simple: ¿su empresa ya evaluó formalmente si califica como OIV? Si la respuesta es "no estamos seguros", ese es el punto de partida — no una herramienta nueva, sino claridad sobre la exposición real.
Nuestro autodiagnóstico de madurez TI incluye justamente esa pregunta, junto con otras 8 sobre su operación actual, y entrega una recomendación concreta en pantalla.